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Jueves 23 de agosto de 2007
Cobertura médica para trastornos alimentarios
La prevén en obras sociales y prepagas
En un avance sustancial en materia de derechos laborales, la Comisión de Legislación Laboral del Senado aprobó un paquete de proyectos de ley para obligar a las obras sociales y a las prepagas a cubrir los gastos originados por tratamientos de desórdenes alimentarios, como la bulimia, la anorexia y la obesidad.
Se trata de 23 iniciativas que se unificaron en un solo texto que contaba con dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara alta desde el 7 del actual. Ahora, el dictamen quedó habilitado para su tratamiento en el recinto, aunque todo indica que sólo podría ser tratado por el Senado, y girado a la Cámara de Diputados, después de las elecciones presidenciales del 28 de octubre, ya que correría la misma suerte que el paquete de iniciativas laborales que también recibió ayer despacho favorable de la Comisión de Trabajo, que preside el radical jujeño Gerardo Morales (como se informa por separado).
Lo aprobado ayer en comisión apunta a incluir en el Programa Médico Obligatorio (PMO) todas las enfermedades relacionadas con trastornos de la alimentación. La lista incluye la bulimia, la anorexia y la obesidad, cuyos tratamientos deberán ser cubiertos de manera obligatoria tanto por las obras sociales sindicales como por las empresas de medicina prepaga, una vez que se sancione la correspondiente ley.
Según el proyecto unificado, los costos que demanden esos tratamientos deberán ser cubiertos por las prestadoras de servicios médicos en su totalidad, previo diagnóstico de la enfermedad.
Las 23 iniciativas fueron presentadas en los últimos dos años y se encontraban demoradas en comisión debido al acuerdo que el gobierno nacional había arribado con la Unión Industrial Argentina para congelar el trámite parlamentario de una serie de iniciativas modificatoria de la actual legislación laboral que, según la óptica de esa entidad, incrementan los costos de las empresas.
Esta situación parece haberse destrabado luego de que el Poder Ejecutivo habilitara la discusión de esos proyectos.
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